Marejada   

 

 

 

 

Boletín Nº 93       -         Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile      -         Abril 2009


28-08-2015

                
 

Resguardos para impedir la colusión en el negocio portuario

 

 

 

 
   

Directores y controladores que se repiten en los diferentes terminales, son uno de los factores que amenazan la libre competencia en el sector, los que detalló la FNE (Fiscalía Nacional Económica) en su informe al TDLC respecto de la licitación de San Antonio.

La característica principal de los puertos privados chilenos es su integración vertical con empresas exportadoras/importadoras y navieras, así como también en alguna medida con la operación de los puertos estatales, ya que en las empresas de muellaje participan compañías navieras y eventualmente importadores, consignatarios o exportadores. Esto ha generado un intenso debate sobre la concentración del sector que estuvo en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia que ya resolvió la semana pasada la consulta de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), quien le solicitara un informe respecto de los términos y condiciones de la futura licitación del sitio 9 de dicho puerto.

Es así como el ente antimonopolio emitió un informe en el que se restringe una eventual participación de actuales operadores portuarios de la V Región en dicho proceso licitatorio -cuya inversión estimada de US$ 400 millones-, y que podría realizarse el tercer trimestre de este año. En su resolución el TDLC reafirmó los criterios y limitaciones a la integración tanto horizontal como vertical establecidos por la Comisión Preventiva Central en su Dictamen Nº 1.045, del año 1998. Así, quienes operen o participen en la propiedad -directa o indirectamente- de otros puertos de la Región de Valparaíso sólo podrán participar con un máximo de 15% en la propiedad de la futura concesionaria del Sitio Nº 9, salvo que reduzcan su participación a dicho porcentaje en el otro frente de atraque. Y también, quienes califiquen como “usuarios relevantes” no podrán participar, en conjunto, con más de 40% en la propiedad de la sociedad que se adjudique la concesión a licitar.

Entre los afectados figuran los grupos Claro, que controla San Antonio Terminal Internacional (STI), y Von Appen, que posee el 95,9% del Terminal Pacífico Sur en Valparaíso (TPS). Asimismo, junto al sitio en cuestión, Puerto de San Antonio cuenta con cuatro frentes de atraque de uso público: Molo Sur (grupo Claro), la estatal Espigón y el sitio 8 (Panul: Gonzalo Vial con 40%, y Claro 14,4%).

Barreras de Entrada

Dentro del proceso que llevó adelante el TDLC, la Fiscalía Nacional Económica sostuvo que “al aumentar la oferta portuaria es de esperar que la demanda se reparta entre los diferentes terminales y, en consecuencia, al menos al principio, los terminales operados por TPS y STI enfrenten una demanda reducida. Es así como el desarrollo de los espigones de ambos puertos genera una externalidad en los concesionarios establecidos, amenazando sus ingresos actuales. En consecuencia, son evidentes los incentivos que tienen los actuales concesionarios para restringir la oferta de servicios portuarios con el objeto de mantener los precios en los niveles duopólicos actuales, por que esta Fiscalía estima que la adjudicación de los proyectos de los espigones a TPS o a STI no promoverá el bienestar social de igual manera que lo haría el ingreso de un actor independiente”.

Junto con ello, el informe de la FNE hace referencia a los riesgos de coordinación entre competidores. “Inversiones Neltume (Von Appen) y SAAM Puertos (Grupo Claro) tienen participación en la empresa concesionaria Puerto de Arica (TPA) y, además, algunos directores de TPS y STI son a su vez directores de TPA”.

Ejemplos de esto son Alejandro García-Huidobro, del grupo Claro, que es presidente del directorio de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), vicepresidente en el de TPA y miembro de la mesa de STI. Como él se repiten los nombres de Víctor Pino, Roberto Larraín, Yurik Díaz, Luís Grez, Rodrigo Faura, Alvaro Brunet, Dag Von Appen, Alfonso Rioja y Wolf Von Appen.
Esto en el contexto de un mercado con pocos actores que, incluso se encuentran en otros mercados como el naviero y el de agenciamiento, pues de hecho los grupos Urenda y Claro son socios en Agunsa.

“En estas circunstancias la posibilidad de castigo en mercados relacionados, sumada a la factibilidad de alinear sus intereses incrementan el riesgo de coordinación”, afirmó la FNE.
Por todo lo anterior es que el organismo expuso que “se hace necesario que se asegure el mayor número de operadores independientes para contrapesar los riesgos que el establecimiento del esquema monooperador conlleva para la libre competencia”. Añade que de mantenerse las restricciones a la integración horizontal ingresarían dos nuevos actores al mercado y que, una vez que los nuevos terminales estén operativos, la concentración de mercado debiera disminuir.

Valparaíso a la Espera

“Estamos a la espera del dictamen del TDLC al que consultamos sobre el eventual levantamiento a la restricción de integración horizontal”, explicó el presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Germán Correa. El esquema de licitación que proponen consiste en un sólo proceso “en que cualquiera pudiese presentarse, con dos grupos de propuestas: uno donde entran aquellos que están sujetos a la restricción del dictamen y otro adicional, en el caso que en el primer grupo no hubiera ningún proponente válido y adjudicable”.

Su interés se debe a que “Valparaíso ya tiene niveles de congestión preocupantes por el acelerado crecimiento de la transferencia de carga. Ahora, a raíz de la crisis cayó, lo que nos da un respiro de unos 12 ó 18 meses a lo más, pero igual se hace urgente la expansión de nuestra capacidad”, afirmó.


Fuente: Estrategia