Marejada   

 

 

 

 

Boletín Nº 71       -         Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile      -         Febrero 2009


28-08-2015

                
 

Toma fuerza el rechazo a la privatización del puerto


 

     

Entidad compuesta por empresarios, dirigentes gremiales y autoridades están aunando fuerzas

El borrador de las bases de licitación del puerto de Coquimbo hoy está en estudio por parte del Tribunal de la Libre Competencia. Una vez que el documento respectivo salga de esa entidad, recién se podrá llamar a los privados que estén interesados en operar en este Terminal portuario para que presenten sus propuestas.

A la fecha, se han levantado voces que manifiestan reparos a la forma en la cual se está llevando adelante este proceso, incluso se critica la proyección realizada en el Plano Regulador de la comuna. Quienes están liderando las críticas son los miembros del Frente de Defensa del Puerto de Coquimbo, FDPC, entidad compuesta por empresarios, dirigentes gremiales, concejales y consejeros regionales, entre otros.

El empresario Carlos Oros, vocero de este movimiento, indica que existe coincidencia entre los que quieren privatizar y los que no en cuanto es necesario modernizar las instalaciones, pero la diferencia es el método.

El Estado, a través del Sistema de Empresas Públicas, se ha inclinado por la entrega del puerto a un solo privado para sus operaciones, quien para ello debiera invertir unos 14 millones de dólares. El FDPC en cambio sugiere que el Estado financie las mejoras, lo cual tendría un costo que bordea el millón de dólares.

NO HAY LIBRE COMPETENCIA.

Uno de los aspectos que más critican es que actualmente en este puerto operan varias empresas privadas, con lo cual de acuerdo a Oros, "se desarrolla el libre mercado  a plenitud", lo cual garantizaría "a todos los embarcadores, que tienen un precio acorde, que se les va a prestar un buen servicio". Además, a juicio de Oros, la fiscalización de este mercado la debe seguir realizando el Estado, con lo cual se logra un consenso entre quienes tienen la postura más neoliberal y de los que buscan que el Estado sea más partícipe en estas materias.

Marviola Rivera, presidenta de la Cámara de Comercio de Coquimbo, coincide con Oros en esta materia. La dirigenta precisa que dentro de las instalaciones portuarias "se desarrollan operaciones comerciales de un conjunto de empresas privadas cuya regulación la realiza EPCO, empresa estatal, propietaria de las instalaciones portuarias, que desde hace una década ha ido entregando utilidades al Estado".

Es esto último lo que sustenta la posición crítica de los integrantes de este frente, ya que se preguntan cuál es la necesidad de privatizar un terminal que está siendo rentable, incluso, con condiciones de infraestructura que requieren mejoras. El consejero regional, José Montoya, sostiene que "hoy día la administración actual tiene cifras azules, es una empresa rentable y que garantiza que cualquiera que quiera generar un negocio allí (en el puerto) lo pueda hacer, porque hay libre competencia y es regulada por el Estado".

De esta manera, lo que se pide es que sea el Estado el que realice las necesarias inversiones, para lo cual "sólo se necesita voluntad política", según Oros, ya que acciones como éstas se han realizado en otros puertos del país.
Marviola Rivera añade que lo ideal es que la Presidenta Michelle Bachelet pueda resolver que con dineros públicos se realice a la brevedad la construcción de un dolphin que "permitiría atender simultáneamente a trasatlánticos y el movimiento de carga". Los costos de esta primera inversión en al más corto plazo, sostiene la dirigenta, no superan los 500 millones de pesos y su realización no demora más de 90 días. De igual manera, el FDPC plantea que se debieran  realizar estudios de inversión para construir un nuevo molo de atraque, el cual "permitiría con nueva tecnología dejar a este pequeño puerto de Coquimbo convertido en un gran terminal portuario".

Esta idea es compartida por José Montoya, quien expresa que "a través de un Decreto Supremo" se puede autorizar a la actual administración del puerto a invertir lo necesario para la construcción de la nueva infraestructura que permitiría atender a dos buques, más a un crucero, lo mismo que sugieren las bases de licitación.

EL NEGOCIO.

Otro punto que es motivo de rechazo por parte del FDPC es que con el actual modelo de negocio el puerto se extendería hacia el sur, perjudicando la actividad turística, comercial y gastronómica que se desarrolla en ese sitio. "La licitación de las instalaciones portuarias causaría un tremendo impacto en la comunidad ya que ésta contempla intervenir desde las actuales instalaciones de puerto hacia la caleta de pescadores, bello sector que hoy es el lugar de mayor afluencia de turistas de la Región de Coquimbo", indicó Rivera.

Carlos Oros expresa que ese lugar sería utilizado como puerto seco, llenándolo de containers y de todo tipo de cargamento.

En suma, los críticos a la privatización ven con la entrega del puerto a un privado la generación de un monopolio que, de acuerdo a José Montoya, "puede afectar a las exportaciones".

El Gobierno, a través del intendente Ricardo Cifuentes y del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, entre otros, a la fecha ha indicado que el proceso de entrega en concesión del puerto sigue adelante. Las autoridades afirman que bajo este mecanismo se asegurarían las inversiones que la región requiere.

Fuente:  http://www.diarioeldia.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=13570&Itemid=162