Marejada   

 

 

 

 

Boletín Nº 38       -         Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile      -         Septiembre 2008


28-08-2015

 

                                     
 

PRÁCTICAS ANTISINDICALES

 

SENADOR PEDRO MUÑOZ PRESENTÓ MOCIÓN QUE EXTIENDE SANCIONES PARA LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO QUE INCURRAN EN PRÁCTICAS ANTISINDICALES

El senador Pedro Muñoz (PS) propuso que las sanciones por prácticas antisindicales que recaigan en una empresa proveedora del Estado, se hagan extensivas a todas las razones sociales ligadas directamente con la misma,

Cabe recordar que recientemente la Dirección del Trabajo publicó la nómina de empresas sancionadas por prácticas antisindicales, lo que permitirá aplicar plenamente la ley 20.238 que sanciona a quienes incurren en dichas conductas con la prohibición por dos años de ser proveedores de bienes y servicios de los organismos e instituciones públicas.

“Pero para ello se requiere precisar la aplicación del concepto de empresa, evitando que como en otros aspectos laborales, la multiplicidad de razones sociales reste eficacia a la norma, minimizando el impacto del castigo”, puntualizó el senador Muñoz.

Según el senador Muñoz a poco tiempo de regir la norma que impide adquirir bienes y servicios de quienes ejercen practicas antisindicales, existen dificultades para contar de forma oportuna con la certificación judicial de la sanción, indispensable para cursar la suspensión, debiendo esperarse el listado emitido por la Dirección del Trabajo o sujetar a las empresas a una burocrática actualización periódica de las certificaciones respectivas.

La propuesta legislativa incluye además la existencia de una comunicación mensual del tribunal sancionador a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Lo anterior permitiría anticiparse a la aplicación masiva del procedimiento tutelar de derechos fundamentales, que también dará origen a la suspensión y que, por el momento, sólo rige en algunas regiones del país.

El legislador, quién integra la Comisión de Trabajo del senado, explicó que con esta primera etapa “lo que se busca, es conseguir ya no sólo una sanción jurídica, sino también un reproche ético y comercial para empresas que vulneran gravemente los derechos de los trabajadores y que, por esa vía, además, perjudican a sus competidores, pues se generan irregularmente mejores condiciones en estos procesos”.

 

Durante los últimos años la Empresa Portuaria Austral (EPA), han emprendido un conjunto de acciones atentatorias contra el principio de libertad sindical. Muchas de estas acciones fueron denunciadas por el sindicato de EPA  en conjunto con la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile. Después de 18 meses de un proceso agotador, y fruto directo de la política y la acción sindical ejecutada por esta organización para construir argumentos sólidos, y defender los derechos de los cuatro trabajadores despedidos, la Corte Suprema de Justicia finalmente ha declarado nulo el despido de  cuatro trabajadores de EPA producido en Abril del 2007, por cuanto, el poder judicial estimó que éstos fueron consecuencia directa de una persecución contra el Sindicato de Trabajadores de la EPA afiliado a nuestra organización nacional.

Finalmente, se ha condenado a la EPA a reintegrar a los trabajadores inmediatamente a sus labores y a pagarles las remuneraciones adeudadas por todo el tiempo que media entre el despido y su reintegro efectivo.

 

El día lunes 15 de septiembre de 2008 fueron reincorporados dos de los cuatro trabajadores, por acuerdo mutuo. Se dio inicio una serie de reuniones con  la empresa, con el fin de velar el proceso de reincorporación de los dos trabajadores (lugar de trabajo, elementos de seguridad, ropa etc.) quedando para las próximas semanas la cancelación de sus sueldos adeudados.    La Empresa confirmo por medio de sus ejecutivos que el ingreso de los dos trabajadores que optaron por la reincorporación, seria respetado en su cabalidad.

 

Dentro de las reuniones realizadas por los dirigentes y la empresa, se procedió analizar la situación de otros dos trabajadores que también, fueron despedidos y que se encontraban con licencia médica llegando a  un acuerdo escrito entre las partes.

 

De lo anterior, y del despido de seis trabajadores, el sindicato EPA,  en conjunto con la Federación Nacional, ha logrado dejar una huella importante en la historia sindical, se demostró el despido de los trabajadores bajo la práctica antisindical de la Empresa, de los seis trabajadores despedidos, se reincorporaron tres, siendo decisión personal de  los otros tres de mantenerse fuera de la empresa, siendo desvinculados bajo común acuerdo.

 

Hernán Bravo, presidente Fenatraporchi

Este problema, que en las empresas del Estado no debiera existir, ha sido una constante en ese puerto; ya en años anteriores tuvimos que demandar a esa empresa  y zanjamos el problema con un acuerdo entre las partes, en la actualidad  y luego de pasar por todas las instancias judiciales hemos ganado la demanda, por lo que la empresa debe reincorporar a nuestros compañeros, pagarles las remuneraciones que les correspondían mientras estuvieron injustificadamente despedidos y además la empresa entrará al listado de infractores por práctica antisindical de la Dirección del Trabajo. Desde nuestro punto de vista el SEP que es el control de gestión del Estado, no se puede quedar de brazos cruzados ante estos hechos, mas aún si la Presidenta de la República ha instruido a todos los Directores y Gerentes de las empresas estatales a respetar el código de buenas practicas laborales, donde se manifiesta que no pueden haber prácticas antisindicales.

 


 

Hasta 5 años de cárcel podrían arriesgar quienes incurran en prácticas antisindicales o desleales
PROPONEN CÁRCEL PARA PRÁCTICAS ANTISINDICALES

 

Penas que fluctúan entre los tres años y un día a los cinco años de cárcel podrían arriesgar quienes incurran en prácticas antisindicales o desleales, según lo propone la moción del senador Juan Pablo Letelier que modifica el Código del Trabajo.

La iniciativa reemplaza las sanciones monetarias establecidas en dicho cuerpo legal, por otras de carácter penal, a objeto de desincentivar las prácticas antisindicales por parte de los empleadores.

Según el parlamentario –integrante de la Comisión de Trabajo del Senado- se ha constatado un alto nivel de incumplimiento de la normativa laboral vigente, lo que deja en evidencia que “resulta absolutamente insuficiente sancionar de esta forma este tipo de conductas, porque para un empleador u organización que tenga un poder económico importante, es más simple pagar la sanción, por muy alta que ésta sea, y trasladar ese gasto como un costo más”.

A su juicio, ello no solo perjudica la libertad sindical de los trabajadores, sino que hace imperativo buscar mecanismos más eficientes para desincentivar estas conductas.

“La idea es que se sancione penalmente esas conductas y no sólo sean sancionadas en su ámbito patrimonial, mediante el cual la multa administrativa, es considerada un costo más que asume el empleador para realizar la acción prohibida”, advirtió.


Ministro Andrade y empresas condenadas por prácticas antisindicales: es importante también la sanción social

El Secretario de Estado señaló que es una “paradoja” impedir que los trabajadores puedan organizarse y conversar con el empleador para mejorar la productividad en las empresas.

 

“La práctica antisindical significa algo muy concreto: impedir que los trabajadores puedan organizarse en un sindicato para poder, fíjese la paradoja, conversar con el empleador; o sea, lo que por esta vía es eliminar derechamente el núcleo con el cual debe conversar para que le vaya bien a su empresa. Es lo más extraño del mundo, pero así es”, sentenció el Titular del Trabajo.
 

 

Diputada Carolina Goic.

“PREOCUPAN LAS REITERADAS PRÁCTICAS ANTISINDICALES DETECTADAS POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO”


La Diputada Carolina Goic, al salir del programa “Polar en Parlamento” de nuestra Radio, se refirió a las prácticas antisindicales y afirmó que éstas deben ser perseguidas y castigadas. Dijo además, que lamentablemente es algo que se ve en varias empresas y ahora salió un ranking nacional, por parte de la Dirección del Trabajo, donde aparecen empresas muy conocidas y prestigiosas.

Según la Diputada Goic, “esta es una propuesta que ha apoyado la Presidenta de la República y también cree que de alguna manera aporta en un grano de arena, para que aquellos trabajadores que asumen la dura tarea de ser representantes se sientan con mayor respaldo”.
Goic, integrante de la comisión de Trabajo, explicó que “junto a otros diputados presentamos un proyecto que, entre otras medidas mejora la protección de los dirigentes sindicales y establece que el empleador estará obligado, cuando exista un sindicato, a negociar con ellos y no con grupos paralelos”.
“Este proyecto no ha tenido urgencia y en la actualidad está radicado en la comisión de trabajo, sin mayores avances, por lo que es muy importante que el gobierno le coloque urgencia para así acelerar su tramitación”.

Además la Diputada agregó, “que para eso se requieren los sindicatos cuando se habla de mejorar el diálogo social y eso se traduce específicamente en aumentar la negociación colectiva. Hay que ser capaces de negociar las condiciones laborales, salariales, porque se entiende que en la medida que los trabajadores estén más contentos, también serán más productivos y por lo tanto también a la empresa le va a ir mejor”.

 
   

Respuesta de la CUT

 

En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, afirmó que la baja cantidad de condenas, comparadas con los centenares de acusaciones hace que “los trabajadores no se atreven a denunciar esta practica por dos razones porque no creen que vaya a pasar algo al respecto y no sabe que pueden sancionar a las empresas”.

Para el dirigente el problema se solucionaría si los tribunales fueran más activos y rápido, así la gente denunciaría más estos atropellos laborales. Por eso destacó la puesta en marcha de la reforma justicia laboral en marzo de este año, la cual ayudará a agilizar estos procedimientos.

 

Arturo Martínez, propone penalizar con cárcel las infracciones a la normativa laboral y no sólo con multas. "Plantearemos esta propuesta al senador Letelier, presidente de la Comisión del Trabajo, para que quienes eluden la legislación tengan una pena de cárcel, y no simples multas", anunció junto a dirigentes sindicales y trabajadores de la Empresa Distribuidora Linares, de la VII Región, quienes denuncian "prácticas antisindicales". El problema es que, según sus dichos, el propio Martínez debiera estar en la cárcel.
 

31 EMPRESAS DEL PAÍS HAN SIDO CONDENADAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO

 

Obispo Goic "la huelga es un derecho”

 

Los directores designados por el SEP, muestran como objetivo principal realizar ahorros a costa de los trabajadores, para lo cual despiden sin miramientos, además fomentan las practicas antisindicales, la sindicalización paralela, interponen recursos de protección en contra de la inspección de Trabajo y utilizan  los vacíos legales que tiene la ley de Subcontratación para justificar su actuar.

 

Ante estos datos, la Directora del Trabajo, Patricia Silva Meléndez, manifestó su preocupación por estas prácticas antisindicales, y destacó que las organizaciones de los trabajadores en las empresas “son un pilar fundamental para el diálogo social que el país requiere”.