Boletín N°304  mayo 2019

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Fenatraporchi en la Comisión Investigadora Cámara de Diputados

sobre Ley 19.542 de Puertos.


 

 

 

En la Cámara de Diputados se formalizó una Comisión Especial Investigadora de las Actuaciones de los Órganos de la Administración del Estado en Relación con la Aplicación, Evaluación e Impacto de la Ley N 19.542, que Moderniza el Sector Portuario Estatal.

La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, que agrupa a los sindicatos de las diez empresas portuarias estatales de Chile, participo exponiendo lo siguiente;

Nosotros pensábamos y aun lo hacemos, que se hizo una transformación solo en el pedazo más pequeño del sistema portuario, en la Emporchi. Siempre nos opusimos a que se normara esa parte y no el sistema general, todos los puertos, privados y estatales.

El análisis crítico del modelo de desarrollo de la industria portuaria arroja grandes vacíos y necesidades que hemos denominado las modernizaciones pendientes y que requieren de la intervención política, reguladora, fiscalizadora y de fomento del estado según pasamos rápidamente a exponer:

  1. AUSENCIA DE DEFINICIONES GENERALES.

  2. AUSENCIA DE MARCO REGULATORIO.

  3. LEGISLACION LABORAL PRECARIA.

El Estado hoy en día, no genera política portuaria nacional; Cuando en el Congreso se tramitó la modernización del sistema portuario estatal manifestó que una vez culminado este proceso se enviaría un proyecto de ley que normaría el sector, desde ese tiempo cómo organización sindical venimos planteando la necesidad de que nuestro país cuente con una transformación global y eso, para nosotros, se denominaba ley general de puertos, una ley marco que ordene todo el sector, ello permitiría entre otras cosas determinar con claridad donde radica la Autoridad Portuaria.  Ente que no sólo debe resolver los problemas entre el Estado y los privados, sino también definir la Política Portuaria de nuestro País.

Rol de las empresas portuarias estatales.

Si bien es cierto que la Ley 19.542 se centró, en el ámbito organizacional, principalmente en establecer normas de descentralización y en la descripción de cómo se debía realizar el proceso de concesiones y su control, le entregó además las empresas portuarias públicas, otras atribuciones e instrumentos para que se constituyeran en catalizadores de un proceso permanente de generación de mayores actividades y valor agregado al proceso portuario. Entre estas atribuciones se cuentan:

  1. Promover la competencia al interior de los puertos;

  2. Procurar un trato no discriminatorio a los usuarios de los puertos y terminales;

  3. Velar porque no se limiten las posibilidades de desarrollo y expansión de los puertos;

  4. Preservar y fortalecer los niveles de productividad, eficiencia y competitividad alcanzados en la operación portuaria, etc.

En general se puede afirmar que estas atribuciones no son asumidas en todas las empresas. Salvo casos particulares, se percibe una tendencia a debilitar su rol imponiendo criterios centralizados de claro carácter contralor más que de promoción y desarrollo.

Es muy importante entonces, el rol que definitivamente se le asigne a las Empresas y la manera cómo lo podrán llevar cabo, resulta ser muy importante para visualizar de qué manera el Estado se involucrará en el desarrollo del sector o, si simplemente, dejará de hacerlo esperando que sólo sea el sector privado quien resuelva los desafíos del sistema nacional portuario, transformando a las empresas en meras administradoras de contratos.

Para avanzar en este análisis, proponemos que, a lo menos, en el diagnóstico, se consideren las siguientes preguntas: ¿Existen criterios preestablecidos en la designación de los miembros de los directores de las empresas estatales? Si fuera así ¿Cuál es el grado de cumplimiento y cuáles son las evaluaciones que se han hecho de su comportamiento?

Si bien es cierto que la designación de los miembros de los directorios es de exclusiva responsabilidad del Gobierno resulta de mucha importancia conocer si existen criterios para seleccionar y designar a los directores, y si existe una metodología para evaluar su trabajo, en especial, sobre su capacidad para proponer o participar en la implementación de ideas innovadoras no sólo en el campo de la administración y control de las empresas, sino que también y principalmente, en la creación de mayor valor. Por eso resulta relevante para el cumplimiento de las obligaciones de los Directorios de las empresas portuarias desarrollen planes y políticas de nuevos negocios, que cuenten con un Plan de acción destinado a atraer inversión o a impulsar gestiones para asumir nuevas responsabilidades en ámbitos de su especialización.

La gran cantidad de directores que se ha nominado para la gestión y administración de los diez puertos estatales incrementa notablemente el gasto fiscal; Se justifica el número de directores en empresas con reducidas orgánicas y sin proyectos de desarrollo en marcha.

Generalmente en las EPP cuando se habla de mejorar productividad, se recurre a la reducción de costos en recursos humanos, sin considerar que también es posible lograrlo creando nuevas actividades que aumenten el valor de la empresa.

A modo de síntesis:

Este análisis resulta del mayor interés para esta Federación no sólo por razones metodológicas, sino que también por razones políticas. Nuestro propio balance arroja que lamentablemente ha predominado una visión parcial respecto al sector, en el sentido que interesa sólo que las empresas funcionen como unidades económicas, sin importar la aplicación de políticas generales que busquen el mejoramiento general de la actividad. No se ha considerado, por ejemplo, que nuestro sistema portuario no sólo está conformado por los 10 puertos estatales, sino también por numerosos puertos privados, así como por nuevas necesidades portuarias, como por ejemplo ocurre desde la Región de Los Lagos hacia el Sur.

 Trabajo Precario

No se ha evaluado el costo de mantener una legislación laboral del siglo XIX y se evita seguir los resultados de las redes sociales implementadas por los Gobiernos anteriores, para enfrentar el costo social de este proceso.  El trabajo eventual, es un problema grave y que genera conflicto social, dicha situación puede generar la apreciación de que Chile está compitiendo de manera injusta.

Nuestros Objetivos como organización son:

  1. Exigir inversiones en los proyectos productivos viables de las empresas portuarias.

  2. Que sean las Empresas Portuarias Autónomas del Estado quienes actúen como Autoridad Portuaria en los   Puertos Públicos de uso Público, siendo parte de un sistema integral regulado por una Ley General de Puerto.

  3. El rechazo a las actitudes destructivas de los negocios/ proyectos de las empresas portuarias.

Para finalizar, nuestra organización, Fenatraporchi aspira,  que esta Comisión Investigadora, pueda elaborar, a base de información cabal, completa y vigente una evaluación común del estado actual del sistema portuario nacional, debería ser el primer paso en la construcción de una política y una institucionalidad idónea para promover el desarrollo armónico de esta importante actividad económica. La legislación laboral moderna son los pasos siguientes.

  Fenatraporchi