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                 Marejada Boletín 186           FENATRAPORCHI                  Noviembre 2010


 

 

Fenatraporchi con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones Felipe Morande Lavin

 
 

Capacidades Técnicas y Políticas Necesarias para dotar al País de una Política Portuaria Nacional


La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile, organización sindical histórica que agrupa a los trabajadores de las 10 empresas portuarias estatales del país, continuadoras de Emporchi, se reunió con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones don Felipe Morandé Lavín, a fin de entregarle nuestra opinión sobre las siguientes materias:

  • Política Portuaria Nacional.

  • Empresas Portuarias Estatales.

  • Condiciones laborales en el sector portuario.

  • Propuestas específicas sobre los puertos de Talcahuano y Coquimbo.

1.      Política Portuaria Nacional

La industria portuaria es una actividad estratégica para la economía exportadora de Chile que funciona desde los 10 puertos estatales de carga general y los 23 puertos privados, principalmente orientados a los graneles. 

A pesar de lo anterior, hoy esta es una actividad desregulada, muy concentrada y explotadora de miles de trabajadores en condición de empleo precario.

Así, a casi 13 años de vigencia de la ley Nº 19.542, nos parece necesario enfatizar que buena parte de la tarea modernizadora de la industria continúa pendiente.

Para ilustrar este punto, es del caso recordar el Mensaje con que el Ejecutivo de la época explicaba las tareas pendientes en esta industria:

“El Supremo Gobierno ha resuelto partir por la modernización de la Empresa Portuaria de Chile….Posteriormente, se continuará con el envío de un proyecto de Ley General de Puertos, la que estará destinada a precisar normas para el funcionamiento del sector, considerando aspectos como la planificación estratégica; la coordinación de actividades entre los entes públicos y privados; la relación entre el puerto y la ciudad; la institucionalización del sector y el marco regulatorio”.

Como nada de esto ha ocurrido todavía, en los hechos, la política portuaria nacional se va formando coyunturalmente en el libre juego de las iniciativas de los diversos actores y sus intereses económicos particulares.

Situación agravada por el notable abandono de las funciones que la ley N° 19.542 entregó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en su artículo 50.

En este escenario es del todo necesario requerir del señor Ministro de Transportes, la más pronta instalación de las capacidades técnicas y políticas necesarias para dotar al MTT y al país de una política portuaria nacional, que permita continuar con la modernización de esta importante industria.

Declaramos que la urgencia de esta tarea es cada vez mayor, pues se han acumulado muchos años de paralización de indispensables iniciativas modernizadoras, como la propia Ley General de Puertos o el fin de trabajo portuario eventual.

Estas dilaciones terminan representando mayores costos para el desarrollo del País, el Estado y los propios Trabajadores. Así por ejemplo:

  • El negocio de los cruceros representa una buena oportunidad de consolidar a los puertos como un destino turístico interesante. Este negocio está en crisis, pues muchas líneas anuncian que no se usarán los puertos chilenos –o ya nos usan- en sus circuitos, por una serie de inconvenientes legales y reglamentarios que inciden en sus costos, y el estado chileno no sido eficiente en reaccionar oportunamente, perdiéndose muchos puestos de trabajo.

  • El trabajo portuario eventual, empleo precario inferior al régimen común, subvenciona a una industria consolidada con importantes utilidades y una proyección de crecimiento superior al PIB.  Este contrasentido se hace cada día más pernicioso, pues la industria debe tender a una nueva forma de organización del trabajo, más profesional, especializado, estable y seguro, en correspondencia con la masiva incorporación de tecnología de punta.

Además, esta subvención a las empresas de muellaje y relacionadas, finalmente, la pagan todos los chilenos cuando es necesario y éticamente correcto que alguien – el Estado- se haga cargo de cierta protección social, para trabajadores que por estatuto carecen de indemnizaciones por años de servicio.

2.         Empresas Portuarias Estatales.

Las Empresas Portuarias Estatales creadas hace casi 13 años por mandato del artículo 1° de la ley N° 19.542, han tenido un desarrollo contradictorio y conviene detenerse en intentar determinar si, a juicio de la Autoridad, dan todo lo que deben al desarrollo de la actividad económica en los puertos.

Lo primero que salta a la vista, en un examen general, es que los esfuerzos más significativos de estas empresas, han estado concentrados exclusivamente en la preparación de las licitaciones de concesiones de sus frentes de atraque.

En algunos casos esto es bastante razonable, pero en muchos otros no.

La acción de concesionar los terminales portuarios no agota por completo todo el espectro del negocio portuario, lo que se acentúa en las muy particulares situaciones de nuestra extensa geografía.

Lo virtuoso de incentivar la inversión privada en los puertos estatales a través de las concesiones, ha dejado en el lado oscuro, la omisión de todas o casi todas las acciones conducentes a agregar valor, en los servicios que la cadena logística del transporte en Chile, ofrece a los dueños de las cargas.

Esperamos que las nuevas autoridades, abran la mirada respecto de la anterior administración, a fin que exijan a los directorios y sus gerentes, la realización de una importante cartera de impostergables nuevos proyectos de negocios, que agreguen valor a los servicios prestados por las empresas.

Si las empresas portuarias estatales, como también parece compartir el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, son herramientas del Estado facilitadoras del comercio exterior, tienen entonces un enorme campo de desarrollo en la planificación estratégica, el cabotaje, los servicios logísticos, la innovación tecnológica, la seguridad portuaria, la gestión comercial, el turismo y el desarrollo inmobiliario, industrial, pesquero y recreativo.

3.        Condiciones laborales en el sector portuario estatal.

Entre los intereses particulares de los trabajadores del sector portuario estatal que representamos, solicitamos su atención sobre dos materias de definición política:

  • Adopción de una política general no discriminatoria, respecto  de los Acuerdos de Desvinculación para los casos de despidos de trabajadores, motivados por reestructuraciones globales en la empresa.

En la actualidad, las empresas portuarias de Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas, mantienen vigentes, en diversos instrumentos, acuerdos para llegado el caso, enfrentar esta situación.

Sostenemos que donde hay una misma razón ha de haber la misma voluntad y disposición de la Autoridad, por tanto, lo equitativo sería instruir a los directorios de las restantes siete empresas portuarias estatales a adoptar medidas similares.

  • Permitir en las empresas portuarias estatales, procesos de negociación colectiva acordes al desempeño,  la productividad, las utilidades y otros indicadores objetivos que forman la realidad de la empresa. 

Las organizaciones sindicales afiliadas, han denunciado que en los procesos de negociación colectiva reglada en los que resuelvan ser parte, no llegan a ser verdaderos espacios de negociación, donde se consideren las condiciones objetivas de la empresa, sino que la administración se inhibe de cualquier discusión seria argumento que el Gobierno les impide llegar a ningún acuerdo, por beneficioso que pudiera ser para la empresa y los trabajadores, si el valor del nuevo contrato supera el 1% de aumento real respecto del vigente.

Esta instrucción política  se repite año tras año, con prescindencia del crecimiento de la economía, de la industria, de la empresa, constituyendo un verdadero sabotaje a la institución conocida como negociación colectiva.

  1. Propuestas específicas sobre los puertos de Talcahuano y Coquimbo.

Finalmente llamamos su atención sobre dos situaciones particulares:

  • La Empresa Portuaria Talcahuano, puede ser un importante instrumento del Estado en la reconstrucción de esa ciudad o puede ser parte del problema.

Todo depende de si se permite a ese directorio desplegar proyectos de desarrollo, necesarios, factibles y rentables, como son los que se plantean en el documento elaborado por el Sindicato base, que acompañamos a esta nota.

  • La Empresa Portuaria Coquimbo, que administra el mejor puerto natural del Chile, debería apostar por el desarrollo interno, antes de insistir en una concesión escuálida por  inversiones de no más de 15 millones de dólares, en lo que a nuestro juicio constituiría el primer caso de arriendo y no de concesión de un puerto estatal.

Consideramos que esta propuesta es correcta, primero porque es prudente esperar a que el escenario de las concesiones en la V Región se despeje, antes de reiterar el proceso de licitación en la IV, en los actuales términos. Segundo, según las proyecciones de carga, el proceso de concesión del puerto de Coquimbo será muy importante para todo el país en el mediano plazo. Ahora sería observado como una muestra clara de sobre inversión. Tercero, no es argumento para esta decisión las demandas sociales de ciertos grupos de trabajadores, por cuanto, si la Autoridad considera que son justas, como en gran parte lo son, entonces el Estado debería responder a ellas sin perjuicio de lo que resuelva sobre sus activos.

Finalmente, comprometemos los esfuerzos de nuestra organización sindical, en toda tarea que signifique desarrollo económico, social y cultural para los chilenos, que resuelva impulsar vuestra Administración.

Fuente: Fenatraporchi


 

 

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