flechas gif 28-08-2015


Boletín

Nº 102

Senador Jorge Pizarro:

“No existe ninguna norma que obligue a concesionar el puerto de Coquimbo"


Mayo

2009

 

 
   

El Tribunal de la Libre Competencia produjo un nuevo escenario en la lucha que existe en la comuna porteña, cuyo resultado marcará las pautas de si este terminal debe modernizarse con dineros de privados o del Estado .

El senador Jorge Pizarro es opositor a la licitación y también es de la idea de que sea el Estado quien efectúe las inversiones, rechazando con ello las afirmaciones del directorio de EPCO, encabezadas por Hugo Miranda, que sustentan el proceso de concesión. Como ejemplo de sus aseveraciones sostuvo que en Punta Arenas el Estado invirtió en su Terminal portuario, sin importarle la Ley de Puertos. "En la práctica el Estado y el gobierno ya ha invertido en otros puertos que están en la misma situación de Coquimbo y por ello no veo por qué no lo puede hacer acá", expresó Pizarro.

Al respecto, Sergio Bitar (Ministro de Obras Públicas) fue claro en indicar que "si se trata sólo de mejorar un frente de atraque existente, en el sentido de perfeccionarlo o habilitarlo, vale lo mismo que se hizo en Puerto Natales (Duodécima Región), en el sentido de agregar dos dolphin para que puedan atracar barcos más largos". Pese a ello, agregó que "la observación que yo he hecho valdría en el caso de Coquimbo si no hubiera la posibilidad, ni interesados en licitar". El ministro Sergio Bitar había señalado que si el directorio de EPCO se lo solicitaba, su cartera financiaría las obras necesarias para mejorar las instalaciones portuarias, especialmente para construir un dolphin, estructura que permitiría atender a cruceros sin interferir con las faenas de las naves de carga. Se habló que el costo de estas obras alcanzaría al millón de dólares.

Esta semana la figura cambió. El secretario de Estado sigue sosteniendo que estaría dispuesto a financiar las mejoras, pero con la diferencia de que ello sólo se produciría si es que nadie está interesado en participar en la licitación. Ver mas         

El ministro propuso esta semana una revisión a la Ley de Puertos y una modificación al artículo 19, el cual indica la imposibilidad que tiene el Estado para invertir en los frentes de atraque, principal justificación esgrimida por el directorio de EPCO para seguir adelante con la licitación.

En forma específica el secretario de Estado aclaró que esta iniciativa está pensada para algunos puertos ubicados en el sur del país y que en el caso de la zona la situación tiene algunos matices, ya que con la resolución del TDLC se posibilita una gran inversión, calculada en 14 millones de dólares, que permitiría renovar los frentes de atraque y mejorar toda la infraestructura, mientras que el ofrecimiento del MOP sólo se refiere a mejorar las condiciones en una escala más reducida.

Estos últimos episodios hacen prever que el proceso de concesión sigue su curso y, lo más probable, como lo ha asegurado el intendente Ricardo Cifuentes, es que para antes de fin de año ya se esté efectuando el llamado a licitación. Ahora habrá que esperar la ofensiva del Comando de Defensa del Puerto, lo que sin duda se constituirá en la última gran batalla.

En Coquimbo existen dos bandos que persiguen lo mismo, pero con métodos diferentes. Ambos han iniciado una guerra frontal de declaraciones y actos que se constituyen en verdaderas batallas. El jueves de la semana pasada uno de estos grupos obtuvo una importante victoria, pero para sus contrincantes no significa que se perdió la guerra, un resultado que aún está en juego y que delineará el futuro del puerto de Coquimbo.

La idea, compartida de manera transversal, es modernizar las instalaciones de este recinto, cuya infraestructura es precaria y presenta deterioros, ya que data de 1959 sin mayores inversiones posteriores y sólo puede servir naves de menos de 189 metros de eslora, que es la longitud de cada uno de sus dos sitios y de menos de 10 metros de calado.

Desde septiembre del año pasado la directiva de la Empresa Portuaria de Coquimbo, EPCO, esperaba un pronunciamiento del Tribunal de la Libre Competencia, TDLC, respecto a la posibilidad de entregarle a un privado las operaciones de este Terminal portuario cuya propiedad es estatal, una obligación legal para continuar con el proceso de licitación. El 14 de mayo finalmente el organismo emitió un informe de 43 páginas, en el cual básicamente expresa que  EPCO debe "realizar la licitación pública por medio de la cual procederá a otorgar una concesión portuaria", como también tendrá que "implementar el esquema monooperador en su único frente de atraque".

Esta noticia fue destacada de inmediato por el presidente del directorio de EPCO, Hugo Miranda, quien valoró que el TDLC "haya fijado las condiciones de licitación del puerto, acogiendo gran parte de los fundamentos de la petición de EPCO".

Es así que adelantó que en los próximos días los equipos técnicos deberán ajustar el modelo de negocio de la licitación a los resguardos para la competencia establecidos por este tribunal. "Una vez redefinido lo anterior, el directorio de EPCO deberá avocarse al estudio en detalle de las bases de licitación definitivas para iniciar el proceso de concesión del Puerto de Coquimbo".

Miranda sostiene que a partir del fallo del TDLC se da inicio a la transformación y modernización del Puerto de Coquimbo.

 SE DEFINE ESTRATEGIA

El bando contrario, conocido como Comando de Defensa del Puerto de Coquimbo, comenzó de inmediato a definir su nueva estrategia para impedir que se produzca la concesión, una medida que califican como un "monopolio" que provocaría graves daños al patrimonio y a la economía de esta comuna. Su propuesta es que sea el propio Estado el que invierta en este puerto y no un privado a través de la concesión.

Esta entidad está compuesta por dirigentes sociales y económicos de la comuna porteña y es apoyada por parlamentarios y autoridades. Entre ellos está el consejero regional José Montoya, quien precisó que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Que este informe no sea favorable no significa que se acaba nuestra tarea".

Igual y enérgica postura tuvo la dirigente del comercio porteño Marviola Rivera, quien fue categórica en señalar que "se luchará hasta las últimas instancias, incluyendo los tribunales internacionales para que no se produzca la licitación".

Ambos dirigentes sostienen que están preparando toda su artillería para llevar su postura ante los tribunales, incluso hablan de llegar hasta la Corte Suprema o a instancias internacionales. Para ello, de acuerdo a Rivera, cuentan con el apoyo de un grupo de abogados que a la fecha está estructurando una figura legal que sustente sus alegatos.

Patricio Contreras, presidente del Sindicato de Trabajadores Portuarios, también es uno de los más activos opositores a la privatización del Terminal portuario. El dirigente sostiene que "los trabajadores portuarios estatales y las agrupaciones ciudadanas de la comuna, agotaremos todas las instancias legales a fin de proteger un patrimonio que pertenece a todos los chilenos".

Contreras aclara que el documento emitido por el TDLC es solo un "informe", por tanto puede ser rebatido y apelado en otras instancias jurídicas. A su parecer la entrega en concesión del puerto por 30 años "significará un deterioro económico" cuyos efectos sociales se verán en el corto plazo, "las experiencias de las licitaciones portuarias anteriores lo demuestran", señaló.

Fuente: Diario El Día