Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile

 

 

 

 
 

                                                                  Valparaíso, 21 de agosto de 2008

 

 

Señor
Andrés Rengifo Briceño

Director de Empresas Portuarias
Sistema de Empresas (SEP Chile)
Presente

 

 

Estimado Señor:

 

La presente nota tiene por objeto solicitar del Sistema de Empresas Publicas la remoción de los actuales responsables de la Empresa Portuaria Austral de sus cargos, en uso de las atribuciones legales que detenta vuestro organismo y en razón de las situaciones de hecho y fundamentos de derecho que se señalan a continuación:

 

1)    Los Hechos.

 

Durante los últimos años los responsables de la Empresa Portuaria Austral (EPA), han emprendido un conjunto de acciones atentatorias contra el principio de libertad sindical. Muchas de estas acciones han sido denunciadas e investigadas por la Autoridad del Trabajo y los propios Tribunales de Justicia, por lo que sólo nos referiremos a dos actuaciones ilegales de los responsables de EPA, irrefutables y muy representativas de la situación que denunciamos:

 

a)     Despidos discriminatorios por causa de afiliación sindical.

 

Según da cuenta la causa Rol N° 3.662 – 2008, la Corte Suprema de Justicia finalmente rechazó todos los recursos presentados por EPA para enervar la sentencia definitiva del Tribunal del Trabajo de Punta Arenas, recaída en la causa “Alarcón y otros con EPA”, por la cual, se ha declarado nulo el despido de  cuatro trabajadores de EPA producido en 2007, por cuanto, el poder judicial estimó que éstos fueron consecuencia directa de una persecución contra el Sindicato de Trabajadores de la EPA afiliado a nuestra organización nacional.

 

Esto es expresamente lo que se pidió en nuestra demanda, que el Tribunal declarara nulo el despido de estos cuatro trabajadores, en atención a lo prevenido en el artículo 294 del Código del Trabajo, en tanto, el único motivo del despido era una práctica antisindical de EPA  y esto es, precisamente, lo que fue acogido en su integridad, primero por el Tribunal del Trabajo, luego por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y finalmente por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

 

Por ello, finalmente, se ha declarando nulo el despido por haber sido motivado en una persecución sindical y se ha condenado a la EPA a reintegrar a los trabajadores inmediatamente a sus labores y a pagarles las remuneraciones adeudadas por todo el tiempo que media entre el despido y su reintegro efectivo.

 

Esta sentencia ejecutoriada ratifica inapelablemente lo que nuestra organización sindical ha declarado una y otra vez: en la EPA se violan las garantías constitucionales de los trabajadores, se les reprime, se hace caso omiso de las leyes y de los postulados laborales del Gobierno de la Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet Jeria.

 

 

b)    Promoción del paralelismo sindical.

 

Pero la acción antisindical de los responsables de EPA, declarada por los Tribunales de Justicia, tiene otros antecedentes más. Entre ellos, por lo burdo del caso destacamos el siguiente.

 

Al resolver los responsables de la EPA que el sindicato de trabajadores histórico afiliado a nuestra Federación era “conflictivo”, resolvió promover la constitución de un sindicato paralelo “no conflictivo”. Esta organización sindical paralela fue fomentada, constituida y dirigida por un funcionario de exclusiva confianza de los responsables de EPA, el abogado de la empresa y secretario del Directorio de la empresa, quién oficio como su presidente desde la constitución del sindicato hasta el momento que dejó la empresa, para hacerse cargo de la Secretaría Ministerial de Justicia de la Región de Magallanes.

 

Sobre el particular, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, ha declarado en el conocimiento de casos concretos que (Principios Generales 855 y siguientes, recopilación 2006): El artículo 2 del Convenio 98 establece la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades, con respecto a los empleadores; que los intentos de crear sindicatos títeres son contrarios al mismo artículo; que se debe proteger a las organizaciones sindicales de todo acto de injerencia  que se realice por medio de los agentes o miembros de la empresa, en su constitución, funcionamiento y administración; y que el hecho de que uno de los miembros del gobierno de la empresa sea al mismo tiempo dirigente de un sindicato evidentemente puede permitir actos de injerencia, en violación del artículo 2 del mismo Convenio.

 

La pregunta es si el hecho que un profesional de la exclusiva confianza de los responsables de EPA, a la sazón abogado de la empresa y secretario del Directorio, haya promovido la formación y haya sido el primer presidente de un sindicato paralelo al tradicional, con el cual la empresa se encontraba en conflicto, constituye para las autoridades un acto de injerencia en las actividades sindicales en la EPA, o no. Para la OIT la respuesta es evidente.

 

 

2)    El Derecho.

 

Esta solicitud se funda en las siguientes normas vigentes:

 

a)     El derecho a petición.

 

El artículo 20 °14 de la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas “El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”.

 

b)    Las atribuciones del SEP:

 

El SEP designa a los Directores, pudiendo removerlos, en las diez Empresas Portuarias estatales; todo ello, en la forma y condiciones que establecen, respectivamente, los DFL Nº: 22, 24 y 25 de los Ministerios de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones, y 23, de los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicados en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2003.

 

c)     El Código SEP:

 

Obligatoriedad: Este Código es aplicable a las empresas chilenas del sector estatal que están bajo control de gestión del Sistema de Empresas y está dirigido especialmente a sus directores y gerentes.

 

Ámbito: Este Código reúne en forma sistemática, un conjunto de principios éticos, de buenas prácticas de Gobierno Corporativo así como de normativas y políticas de gestión emanadas del SEP y dirigidas hacia las empresas SEP que sin derogar las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentarias que le son aplicables, los comprenden y complementan de modo de establecer en un cuerpo armónico, las conductas esperables de quienes tienen las tareas de responsabilidad en la conducción de las empresas del estado.

 

Principios: Entre los principios fundamentales del Código de Ética están, por supuesto, el respeto por la constitución y las leyes, el respeto por los derechos humanos, la proscripción de toda discriminación arbitraria, el respeto por los trabajadores y sus organizaciones.

 

Sobre este último punto el Código SEP declara: “Las empresas SEP serán especialmente celosas en el cumplimiento cabal de las normas legales relativas a los derechos de los trabajadores, la legislación laboral vigente y los contratos y convenios colectivos e individuales de trabajo. Así mismo deben orientar su actuar en función de las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, respetando el derecho de sus trabajadores a asociarse y pertenecer a la organización sindical de su elección, rechazando todo tipo de prácticas antisindicales.”

        

 

d)    La libertad sindical en el programa del Gobierno:

 

Uno de los principios de convivencia democrática elementales es la protección de la libertad sindical. El Gobierno lo ha destacado en numerosas ocasiones en palabras de la propia Jefa de Estado, a la que citamos a continuación en su cuenta anual sobre la marcha de la nación, 2007:

 

Queremos promover la organización sindical. Queremos que más trabajadores puedan negociar colectivamente. Seguiremos trabajando acuerdos para modernizar las relaciones laborales. Pero algo más. No toleraremos ningún tipo de prácticas antisindicales. Seremos rigurosos para sancionarlos.”

 

 

3)    Lo que se pide.

 

Por todo lo anteriormente expresado solicitamos al Sistema de Empresas SEP, considerar detenidamente nuestra solicitud y responder a ella en coherencia con los siguientes hechos y principios:

1)     Los responsables de EPA han sido condenados por prácticas antisindicales gravísimas e irrefutables.

2)     El Código SEP exige ciertas conductas que los responsables de EPA no cumplen.

3)   La Política del Gobierno exige sanciones rigurosas para quienes sean condenados por prácticas antisindicales.

 

Al mismo tiempo consideramos pertinente, al tratarse EPA de una empresa de todos los chilenos, llamar a pronunciarse a las autoridades y representantes de la sociedad civil de Punta Arenas, sobre esta solicitud, a fin que una vez concluido este episodio, EPA pueda dedicarse a crear valor y trabajo decente para esa ciudad, en vez de concentrarse en perseguir a las organizaciones sindicales.

 

 

 

 Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile